María Eugenia Vidal giró hoy a la Legislatura el proyecto de presupuesto para el próximo año que contempla un incremento del gasto del 17 por ciento, un déficit fiscal de 30.900 millones y baja en la presión impositiva.

El paquete de proyectos incluye un cálculo de gastos por $ 630 mil millones, e ingresos por $ 599 mil millones. El jefe de Gabinete, Federico Salvai, y el ministro de Economía, Hernán Lacunza, presentaron hoy los alcances del presupuesto en una ronda con periodistas en La Plata.

Según consignaron, el paquete de leyes incluye un pedido a la Legislatura para contraer un endeudamiento por 58.890.000 millones -lo que significa 1,3% del Producto Bruto Geográfico (PBG)-. "Este nivel de deuda es muy razonable para una provincia de esta dimensión", aseguró Lacunza.

El ministro destacó una baja en el monto. Argumentó que el año pasado, el pedido de endeudamiento fue del 1,7 del PBG y en este proyecto esa solicitud cae al 1,3% del producto.

El foco del gobierno está puesto en el plan de obras públicas y en la inversión social. El presupuesto del ministerio de Infraestructura tiene una suba del 22%. En tanto, Desarrollo Social crece un 33% y Salud un 19%. Otras áreas sensibles como Seguridad y Educación registran una suba del 16%.

Un detalle que destaca Lacunza es que dentro del ítem Infraestructura, el área que más aumenta es Hidráulica donde se consigna una suba del 89%. Allí radica el foco de la Gobernadora de cara al próximo año.

En cuanto a Desarrollo Social, los programas que más suben son el Servicio Alimentario Escolar (41%), el plan Más Vida (54%) y el programa Envión (16%)

Baja en Ingresos Brutos y sellos

El paquete de proyectos que los ministros comenzarán a explicar a los legisladores la semana próxima incluye además una Ley Impositiva que prevé una reducción del impuesto a los Ingresos Brutos y el impuesto de sellos, quizás los dos más distorsivos. Según explicó Lacunza, esta reforma implica una resignación por parte del Estado provincial de $10 mil millones de recaudación.

Hay exenciones de Ingresos Brutos para algunos sectores como es el caso de las Pymes que facturen hasta $78 millones anuales. Se estima que unas 40 mil Pymes se verán alcanzadas.

En tanto, para los grandes contribuyentes industriales, se reduce la alícuota de 1,75% al 1,5%, alcanzando a 3.900 grandes empresas.

En el caso de pequeños comerciantes, se eleva el monto máximo de facturación para este impuesto de $1,3 a $2 millones anuales. Esta medida beneficiará a 15.000 pequeños comerciantes los que pasarán de pagar una alícuota de 3,5% a pagar 2,5%.

En el caso particular de los comerciantes de carne, se reducirá y unificará la alícuota al 2,5%, beneficiando a 2.200 carnicerías que antes pagaban alícuotas del 3,5% y 5%.

En tanto, las empresas de la construcción se verán beneficiadas con una reducción de la alícuota que pasa del 4% al 3%. Esta medida favorecerá a casi 39.000 empresas.

También hay beneficios para sectores agropecuarios. Los pequeños productores agroganaderos tendrán alícuota del 0% cuando facturen hasta $ 3 millones anuales, impactando a más de 38.000 productores.

En cuanto a los sellos, se reduce la alícuota de venta de propiedades pasando del 3,6% al 2%. En el caso de venta de autos 0 km se reduce la alícuota del impuesto de sellos y de ingresos brutos al 2,5%, antes esos impuestos aplicaban alícuotas del 3% y 3,5% respectivamente.

Revalúo de inmuebles

Otro punto importante del proyecto es que el gobierno actualizará el valor fiscal de los inmuebles, algo que no se hacía desde hace 12 años y que generaba distorsión.

El promedio del incremento en el impuesto inmobiliario urbano es del 56%, lo que significa para la mitad de las viviendas de la Provincia una suba máxima de $41 por mes. Según destacó Lacunza, el proyecto de ley impositiva establece topes para que el incremento promedio del impuesto no afecte de manera significativa a los contribuyentes.

En tanto, el impuesto inmobiliario rural aumenta un 50%, lo que implica para la mitad de los productores un incremento de hasta $61 por mes.

Se eximirá a pequeños productores agropecuarios que tengan hasta 50 hectáreas y facturen hasta $3 millones anuales.